Reflexiones sobre el 'lobby cultural'

Las últimas semanas hemos visto mucha agitación en torno a la propiedad intelectual, ministra, líderes de internet elegidos no se sabe muy bien por qué, SGAE, y pirateos varios. Todo empezó con el intento del Gobierno de colar, aprovechando la Ley de Economía Sostenible, una regulación que dispone la creación de una "comisión de expertos". Dicha comisión, nombrada por el Ministerio de Cultura, será capaz de ordenar el cierre de páginas web sospechosas de tener relación con el tráfico ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor, saltándose las garantías que contemplan las leyes españolas.

El debate desatado a continuación ha sido de lo más entretenido: se cruzan insultos, se extraen conclusiones exageradas de los argumentos de la otra parte, y aparece el nombre de Ramoncín más de lo que sería recomendable. Todo esto me ha hecho detenerme un rato a pensar en mi postura, y pararme a escribir un artículo para condensar lo que sé, lo que opino y lo que me temo.

Yo también soy culpable de disfrutar de esta abundancia sin precedentes de contenidos audiovisuales, sin pagar y sin miedo a represalias, ya que la copia privada sigue siendo legal en este país. Sin embargo, no creo que sea un derecho eterno ni que el estado de cosas actual pueda prolongarse mucho tiempo: la gente tiene derecho a vivir de su trabajo, sea éste la música, el cine o la literatura, si consigue convencer a alguien de que les lea, escuche o vea. Que la calidad de las obras, caso de poderse medir, sea buena o mala, es algo ajeno a este debate.

Madrid, noviembre de 2009. Salvo que esté así indicado, las fotos que ilustran este blog son mías, licenciadas siguiendo el modelo de Creative Commons.

El problema es que, desde que se ha puesto tan fácil la difusión a través de Internet, sobre todo de las redes P2P, la industria de entretenimiento audiovisual ha visto cómo sus ingresos disminuían estrepitosamente. Como es lógico, se defiende con uñas y dientes, utilizando su notable capacidad de influir en los medios de comunicación y en la política nacional. ¿Por qué los sindicatos creerán necesario colocar unos artistas a la cabecera de una manifestación? ¿Son conscientes de lo caro que nos cuesta?

El Gobierno (el actual, y también los anteriores) por un lado ve que tiene que dar una respuesta satisfactoria al lobby cultural y a las presiones de países con grandes intereses en esta industria, pero por el otro es consciente de lo felices que somos todos con el circo gratis. Procura, por tanto, satisfacer a unos procurando no enfrentarse directamente a los otros, y ahí es donde veo yo el problema: en lugar de modificar las leyes para que sea ilegal copiar discos o películas y distribuirlas sin ánimo de lucro, lo cual permitiría a los jueces condenar a los ciudadanos y sitios web que hoy en día salen absueltos, intenta contentar a la SGAE & Co. por la puerta de atrás:

• Con impuestos directos recaudados por entidades privadas, como el famoso canon que grava la compra de soportes de almacenamiento informático. Da igual que los use para copias de seguridad de mi software, para proyectos industriales (en mi trabajo, por ejemplo) o para almacenar ese excesivo número de fotos que registra mi cámara digital, el caso es que me toca pagar.
  
• Con impuestos indirectos, como esa financiación de Televisión Española a base de cobrar a las operadoras de telecomunicaciones, que evidentemente terminamos pagando los consumidores.
• Con subvenciones de múltiples administraciones públicas, justificadas de muy distinta forma: no sólo las famosas al cine español, también becas, premios, conciertos en las fiestas patronales, actuaciones en medios públicos...

Todo parece indicar que todo esto no ha sido suficiente, por lo que la siguiente vuelta de tuerca es una iniciativa legal, cobarde, porque va camuflada dentro de un proyecto de ley que aparentemente tiene un fin muy distinto, y que de triunfar dejaría en manos del lobby cultural un instrumento muy potente para defender sus intereses, pudiendo cerrar sitios web sin tener que pasar por el molesto trámite de denunciar cada caso, aportar pruebas y conseguir convencer a un juez de que tienen razón. Si se salen con la suya, la lentitud de la justicia jugaría en su favor: primero cierran la web que les moleste -ya sabemos de qué parte está el Ministerio de Cultura- y pasados unos años, cuando salga la sentencia, ya dará igual, porque el sitio web estará arruinado, muerto y enterrado.

No soy un experto en derecho civil, pero mucho me temo que si yo, la empresa para la que trabajo, o la comunidad de vecinos a la que me ha tocado pertenecer, nos sentimos perjudicados, no tenemos ninguna capacidad de actuar directamente contra la otra parte, sino que tiene que decidirlo un juez. ¿Se imagina alguien, por poner un ejemplo, que una comisión de ganaderos españoles pudiera precintar las centrales lecheras sospechosas de reconstituir leche en polvo importada fraudulentamente? ¿Que las fábricas de juguetes pudieran cerrar las tiendas que venden productos peligrosos, cubiertos de sellos falsos de seguridad? ¿O que yo pudiera embargar los bienes del vecino que lleva un lustro sin pagar las cuotas de la comunidad? Hay razones muy buenas para que no sea así (tutela judicial, garantías legales y esas chorradas impropias de verdaderos españoles), también válidas para la industria del entretenimiento.

Madrid, noviembre de 2009.

Volviendo al derecho a defender sus intereses, todavía les quedan opciones: conseguir las modificaciones legales que penalicen aquello a lo que nos hemos acostumbrado, hacerse a la idea de que el champagne y la limusina son cosa del pasado, o buscar modelos de negocio distintos, porque el actual ha sido muy dañado por los cambios tecnológicos. Cada vez se ven mejores análisis de cómo conjugar los intereses de unos y otros, jugando con la cadena de valor, o proponiendo una modalidad estilo 'tarifa plana' (blanket license), muy dignas de consideración, pero lo que está bastante claro es que no hay vuelta atrás.

Mucho me temo que han optado por lo más sencillo: influir al Gobierno para que impida el P2P atacando a los sitios web o a las operadoras de telecomunicaciones en lugar de al usuario final, lo cual sería mucho más impopular, y seguir beneficiándose de nuestros impuestos.

Que defiendan sus intereses, pero como cualquier otro negocio. A pasar por caja, pero entonces, como bien dicen los sabios de La Página Definitiva, nada de protecciones especiales. Y si a pesar de todo se siguen financiando productos culturales con nuestros impuestos, que se cedan los derechos de autor al común. Espero que no me llamen 'perroflauta' o 'tonto útil de la derecha' (como hace este iluminado) pero como no intentemos defendernos de la que se nos viene encima, lo llevamos claro.